Se analiza la contratación pública en España y las singularidades que aplican a las entidades locales, todo ello siguiendo la sistemática de la propia LCSP/2017.
Se examina el régimen jurídico del procedimiento administrativo en clave local. Puesto al día a partir del RD 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
Comentarios al Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos «RD 203/2021 de desarrollo de las Leyes 39 y 40 de 2015»
El reglamento de desarrollo de las leyes 39 y 40 de 2015 es un texto legal largamente esperado (desde 2015), ya que viene a colmar las lagunas existentes en las referidas normas y a desarrollar definitivamente la implantación de la e-Administración o administración electrónica.
Examina el diseño normativo en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como en lo relativo a la protección de datos personales poniendo especialmente el foco en las singularidades que aplican a las entidades locales.
Examina el régimen jurídico de las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, áreas metropolitanas, etc.) desde el punto de vista competencial, organizativo y de funcionamiento.
Una guía pensada para instruir al operador local en la práctica de la actividad municipal: Aplicación de superávit; Plusvalías; Inscripción en padrón de «okupas»; Denegación de licencias; Revisión de oficio de proceso selectivo; etc.
Manual para la impugnación de pruebas de acceso a función pública. De interés tanto para los propios opositores como para los miembros de las comisiones de selección, así como para los letrados que deban interponer recurso contencioso administrativo.
La presente monografía se centra en el análisis de las estrategias, actuación e instrumentos de mejora de la ciberseguridad de los gobiernos locales, así como su control y fiscalización.
En un único volumen se aborda la implantación práctica de la llamada administración electrónica en las Administración Públicas, imprescindible tanto para las Entidades Locales, como para las Administraciones de las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, así como para cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las anteriores, que también se encuentran sujetos a esta obligación legal.
